Un cambio de formato en las comparecencias servirá para que los funcionarios rindan cuentas de sus actividades ante la autoridad y no mientan por dar una imagen positiva ante la sociedad

A los secretarios de despacho que falseen información o incumplan en la entrega de documentación solicitada por los legisladores locales durante las comparecencias, se le podrían fincar hasta ochos años de prisión por el incumplimiento de un deber legal.

Sergio Hernández Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, explicó que esto se dará a partir del cambio de formato de las comparecencias, como parte de la glosa del VI Informe de Gobierno, donde ahora serán los diputados los que lleven "la voz cantante".

Una de las consecuencias que tendrán los funcionarios es que deberán guardar protesta de decir verdad, y de no hacerlo tendrán repercusiones jurídicas, penales, que lo remitirán al código penal para alguna sanción por ir a mentir en una comparecencia donde tienen que ir a demostrar lo que hay, bueno o malo, pero tienen que ir a decir la verdad y no ocultar nada.

Hernández Hernández mencionó que el formato antiguo únicamente servía para que los funcionarios llegaran a lucirse, exponer sus temas y quedar bien ante la sociedad, mientras que los cuestionamientos de los diputados quedaban al aire y no se respondían todas las preguntas.

El cambio de formato va en que realmente el funcionario vaya a rendir cuentas, que sea la autoridad de rendición de cuentas el Congreso para que pueda la sociedad conocer el estado que guarda cada una de las dependencias.

Asimismo, comentó que fue por estrategia dejar al final de las comparecencias a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), pues es la que mucho tiene que ver con la falta de dinamismo en varias de las dependencias, además de que confían en que Clementina Guerrero no ocultará ninguna información sobre las finanzas del estado.

Por último, confirmó que podrían revisar la pasada iniciativa de reforma a la Constitución que se aprobó en una primera vuelta, para que se obligue a los titulares de Organismos Públicos Autónomos acudir a comparecer ante los diputados locales, pues también manejan recursos públicos.

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